Muchos inmigrantes mexicanos suelen quejarse de discriminación en EE.UU., sin embargo, también parece suceder en tierras mexicanas, pero los afectados son las comunidades indígenas locales. Esto luego que tres tzeltales, un grupo étnico de este país, que viajaban en autobús fueran arrestados sin ninguna justificación aparente salvo que eran ilegales de Guatemala, país que limita al sur.

“Decidí aceptar que era originario de Guatemala”, relató uno de los indígenas. Esta frase extraída de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que resume el absurdo episodio que experimentaron tres hermanos tzeltales de Chiapas a los que agentes de migración detuvieron por nueve días y quisieron expulsar de su país a pesar de que estos tenían copias de sus documentos y reclamaban ser mexicanos.

El caso sucedió en septiembre de 2015 sin embargo la Comisión de Derechos Humanos recién publicó el informe en junio de 2016. Este muestra un increíble caso de discriminación étnica en México.

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Todo comenzó cuando un grupo de cuatro tzeltales cruzaban el país en autobús para ir al estado de Sonora a trabajar a una recogida de calabaza pero fueron obligados a bajar del vehículo en un control migratorio de la ciudad de Querétaro. Según señala la investigación, tres de ellos mostraron copias de sus documentos de identidad mexicanos pero los agentes dijeron que eran falsos y los llevaron a un centro de retención.

Los tres eran hermanos. Dos apenas hablaban español y la tercera, su hermana pequeña, sí lo hablaba y era menor de edad, lo que no mereció una consideración especial. Ella hacía de traductora entre sus hermanos y los agentes.

El grupo estuvo privado de libertad por nueve días, hasta el 11 de septiembre, e incluso se inició un proceso de repatriación con la embajada de Guatemala. Por error, las oficinas del país vecino reconocieron la nacionalidad guatemalteca de estos tres hermanos pero luego se dieron cuenta que todo era un error al corroborar bien los datos.

El día 7 se alertó a la Comisión de lo que pasaba y el 10 dos visitadores de Derechos Humanos acudieron al centro a asistir a los retenidos. Un día después los soltaron.

Uno de los hermanos dijo que lo forzaron a firmar un documento en español en el que afirmaba ser guatemalteco. Sin embargo el tipo apenas comprendía lo que leía. Según la versión que dio a la Comisión, con ayuda de un intérprete de tzeltal, lo amedrentaron amenazándolo con tenerlo allí tres meses, dándole una patada y aplicándole una descarga eléctrica en una mano. Los abogados del organismo de derechos humanos han concluido que no se puede determinar si hubo esos abusos pero sí que “el examinado tuvo sufrimientos psicológicos durante la detención“.

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El cuarto integrante del grupo, quién no fue arrestado por tener un documento original, era el marido de la menor y debió dormir en las calles al no tener suficiente dinero para pagar un alojamiento. El tipo fue constantemente al centro de detención a preguntar por sus compañeros de viaje. Las autoridades llegaron a sospechar de él señalándolo como “el guía” del grupo de los supuestos inmigrantes ilegales. “Ya di la verdad; ¿cuánto te pagaron para traerlos? Porque ellos no son mexicanos”, decía su testimonio. Al final le permitieron ver a su esposa, no sin antes aconsejarle “que se despidiera de ella porque iba a ser deportada a su país”.

Todo el problema recién comenzó a solucionarse el día 9, seis días después de la detención, luego que un funcionario de migración de Querétario decidió hacer lo que según la Comisión de DD.HH. debió hacerse desde un principio: llamar al Registro Civil de Chiapas para corroborar los datos que los tres hermanos llevaban consigo en fotocopias. La respuesta fue afirmativa. Solo hizo falta una llamada.

Cuando el organismo que protege los derechos humanos comenzó a cuestionar el polémico caso, la oficina de migración argumentó que la confusión se debió a que los retenidos afirmaron que eran de Guatemala, al mismo tiempo que esgrimían papeles que mostraban lo contrario. Algo bastante sospechoso y un endeble argumento según señaló la Comisión.

“Es ilógico pensar que si lo que pretendían era identificarse con los documentos exhibidos y en los que constaba que eran mexicanos, hubiesen decidido ser guatemaltecos”.

En las consideraciones jurídicas del informe se parte de la base de que según la Constitución ningún mexicano “en tránsito dentro del territorio nacional” tiene la obligación de portar un documento de identidad y se concluye que de cualquier modo “la autoridad migratoria tiene la obligación de corroborar, en el momento mismo de la revisión y sin que sea trasladado a un recinto migratorio, su nacionalidad”. Esto comprueba que los tres hermanos tzeltales arrestados contaban con pruebas suficientes para que lo hubieran hecho inmediatamente

Según reporta el diario El País La Comisión acredita que fue un caso donde se violaron varios derechos fundamentales de las personas 

“[el caso implicó] violaciones de los derechos humanos a la libertad personal, a la libertad de tránsito, a la no discriminación, a la integridad y seguridad personal y al acceso a la justicia“.

Finalmente los abogados de este organismo buscarán que los agentes de migración implicados asuman su responsabilidad en el caso y que se reparen los perjuicios causados a las víctimas. Según los psicólogos que los examinaron, no parecen dispuestos a volver a salir de su pobre tierra a buscar sustento.

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